El gobierno, el progresismo y la derecha explotan los prejuicios pueblerinos más bajos, agotan la paciencia proponiendo frente al fenómeno de la inseguridad que enrejemos las casas y dediquemos una parte sustancial del presupuesto a inservibles cámaras de seguridad monitoreadas por cómplices de delincuentes y asesinos (Casos: Mariano Ferreyra, el triple crimen de Gral. Rodríguez, Candela, Familia Pomar, etc).
Algunos han propuesto la vuelta a la dictadura militar: 30 retenes que rodeen Lanús y paren a quien entre o salga del distrito, todo a cargo del mismo alto mando que recauda con los prostíbulos, con piratas del asfalto y que no acciona ante “el tráfico” de avionetas que surcan todas las noches el espacio aéreo del municipio de Lanús.
Y ya que estamos en la onda “retro” y el capitalismo no tiene salida ¿por qué no volver al feudalismo rodeando los 44 km2 del distrito con un foso con caimanes y que para acceder a “Lanús liberada” se utilicen puentes levadizos mediante guardias que los accionen según santo y seña?
Para hablar de inseguridad siempre es bueno ir a las causas y no a los efectos. Un dato capaz de abrir la cerrazón es que la inseguridad que se derrama sobre el soberano proviene de la pelea en el poder por saquear los presupuestos públicos y en este período también los subsidios del Estado.
No es menor que la literatura policial sea hija de la propiedad privada, la mejor denuncia sobre las miserias del capitalismo están descriptas en las “novelas negras”. Fue un yanqui, Edgard Alan Poe, quien en 1840 -cuando las fábricas devastaban a la infancia- hizo debutar un personaje que luego se tornaría familiar: el detective. “Los relatos modernos de la literatura policial no pueden sustraerse a los síntomas neuróticos de la sociedad industrial coercitiva, con sus muecas sufrientes y la desolación atroz del ambiguo paraíso de la anormalidad” dice Rafael San Martín en “Biografía del Tío Sam”. Sergei Eisentein, el cineasta bolchevique, consideraba al género policial como “la literatura de la propiedad”.
Con este análisis hay que revisar el planteo de la seguridad ciudadana. No es posible hacer tabla rasa entre el ratero y quienes gobiernan, legislan e imparten “justicia”. No se puede en nombre de la responsabilidad que deben tener individuos que antes son brutalizados, alcoholizados, drogados, puestos al borde de la inimputabilidad y explotados como clientela cautiva, colocarlos en igualdad de condiciones con quienes diseñan la política de explotación de las miserias humanas y de concomitancia con delincuentes de distinto rango colaboradores en la actividad central: saquear el presupuesto nacional, provincial y municipal.
Galtieri el sórdido genocida, para disipar su responsabilidad criminal decía “somos todos responsables”. No es precisamente la misma responsabilidad la del torturado que delata a sus compañeros que la del que tortura.
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