Muy pocas veces en la historia de los países humillados por el saqueo y la corrupción, el pueblo ha podido asistir (mediáticamente) a una confesión pública de los más altos dignatarios ambientalistas sobre desvíos, malversación de fondos estatales y abandono de personas.
El 16 de marzo de 2011 la Corte Suprema en la Audiencia pudo escuchar el informe del Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, quien afirmó que de los $ 7443 millones del presupuesto de la Nación, la provincia, la ciudad y Acumar "sólo pudo ser auditado el 8 %". Acumar, reconoce que el Estado nacional "aún no pudo identificar sus partidas". En criollo, no pueden justificar donde diablos está el 92% del crédito de BID, que ya estamos pagando los contribuyentes como deuda externa.
Pasados más de 950 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia que imponía la limpieza del riachuelo, el cese del volcado de material contaminante y diversas medidas para mejorar las condiciones de vida de 4 millones de moradores de la cuenca Riachuelo/Matanza, se comprobó una vez más que no hay ninguna institución del Estado que tenga autoridad alguna ni poder de policía para obligar a 14.000 empresarios contaminadores a cesar en su tarea de envenenar el medio ambiente. Las que sí han prosperado son las órdenes de desalojo contra las víctimas de la contaminación.
La sensación de rotundo fracaso que campeó durante la audiencia pública, que tenía como objetivo que el Supremo Tribunal tome conocimiento del grado de avance de las obligaciones establecidas en el caso “Mendoza y otros vecinos contra el Estado Nacional”, tuvo ribetes farsescos.
Estuvieron presentes el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes siguieron con atención las intervenciones y consultaron en reiteradas ocasiones sobre el estado actual de los trabajos en materia de relocalización de los asentamientos cercanos al Riachuelo, el monitoreo sanitario de las personas que viven en esa zona (especialmente de los niños) y el control sobre los desechos que vierten las industrias.
“El Presidente de la Corte preguntó "¿Tienen datos de medición de contaminación de aire y agua?". No hubo respuesta.” (Página 12, 17/3/2011).
La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, inquirió sobre la salud de los niños. La Acumar hizo un muestreo sobre 1000 chicos que viven en la ribera y detectó que el 90% tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido "enviados al pediatra". Pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento. "No tienen informes de salud. Es todo muy disperso", acotó Elena Highton. La jueza Argibay señaló que los funcionarios no tienen ningún Plan y dijo que en Villa Inflamable el suministro de agua para los vecinos no llega en buenas condiciones. (Página 12)
Sobre el traslado de las industrias, los funcionarios argumentaron que el plan de relocalización no fue cumplido porque “las empresas presentaron diversos recursos jurídicos”. Es la gran diferencia que tienen con los parias que son expulsados por orden del Juez sin ninguna consideración.
Comparecieron en la audiencia el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, el presidente de la Autoridad de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Corcuera y funcionarios de PBA, quienes interpretaron un guión muy ajado y extraído de un ingenuo juego infantil que estuvo de moda a principio del siglo pasado, llamado el Gran Bonete, donde las responsabilidades de cada uno se arrastran de tal forma que se terminan diluyendo.
Los funcionarios que debían dar cuenta de sus actos y tareas que habían llevado a cabo en cada una de sus áreas no son precisamente el último orejón del tarro salarial, son por lo menos vecinos de Pedraza en Puerto Madero. Nunca estuvo tan claramente expuesto como se dilapidan los recursos públicos pagando a incapaces de seguir un problema, salarios millonarios.
Mussi destacó “todos los sectores de la cuenca pueden consensuar soluciones a los problemas que afectan al sector”, desentendiéndose de los 5 millones de vecinos que deberían ser protegidos por el fallo de la Suprema Corte y están más en “pelotas” que nunca.
Mussi alabó el trabajo del juez federal Luis Armella, a quien la Corte le encomendó supervisar las tareas de saneamiento y sin ningún problema justificó la duplicación de los basurales en los márgenes del Riachuelo (141 en 2008 y 348 en 2010), por dos factores: el aumento de la producción y el derrotero que deben recorrer los camiones recolectores de residuos hasta llegar al Ceamse. A esta altura de la sanata el presidente de la Corte no soportó la tomadura de pelo y le respondió “La distancia siempre fue la misma”.
Para que entendamos el nivel de sanata, saqueo de los dineros públicos y abandono de personas hay que analizar la supervisión de las tareas de saneamiento, que según Mussi son fantásticas: el Estado realiza una sola tarea de limpieza en el riachuelo a través de las Cooperativas inscriptas en "Argentina Trabaja", las cuales tienen un contrato firmado con el municipio y AySa (ente ejecutor), destinando $745 para cada asociado de las mismas. En el municipio de Echeverría hace tres meses que no pagan a esos “Cooperativistas”. El trabajo sobre el río más contaminado que está supervisado por un Juez de la Nación es, a todas luces, insalubre pero se hace a mano limpia, sin equipos de protección, no hay controles de salud, ni seguro, ni obra social y Mussi, ante la liquidación de derechos laborales y humanos, solo atina como el pito tramposo a decir ¡siga, siga!
Ni Juan José Mussi ni los otros funcionarios pudieron explicar a la Corte Suprema en qué se gastaron $ 6. 900 millones. Se estaría frente a otro delito de malversación de fondos públicos.
La Corte Suprema parece que no haberlo entendido así, sino debería haber ordenado el inmediato procesamiento de todos los individuos involucrados.
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