El retrogrado Fernández atrasa por lo menos cien años en relación a la “Convención internacional contra la trata de blancas y niños” sancionada el 11 de octubre de1933 en Ginebra que inspiró modificaciones que se introdujeron en todo el mundo en materia de prostitución. El funcionario “progresista” está además por detrás de los gobiernos de la llamada “década infame” que sancionaron en 1934 la Ordenanza Municipal 5.953, disponiendo la clausura de los prostíbulos en la Capital Federal.
Ya en agosto del 2008, la ONG Alameda solicitó a la justicia que el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, explicara la
relación de la Federal con la red de prostíbulos cercanos al Departamento Central de Policía. Fernández declaró en TN que “sólo se trataba de oferta de sexo individual”, dejando de lado que los prostíbulos están prohibidos por ley y que dentro de esos locales se consumía cocaína (www.diariojudicial.com).
La denuncia sobre 25 locales en los barrios de Constitución y Monserrat fue acompañada de filmaciones hechas por la ONG, donde se mostraba la presencia de menores.
Perfil.com informó el 2 de julio de 2009 sobre una filmación que circuló por YouTube donde Mauricio Macri mostraba rasgos sicopáticos frente al negocio prostibulario en Monserrat, señalando siniestramente que “Hay que darle trabajo al barrio de Constitución: una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo, así están las sábanas limpias”.
El 10 de junio de 2010 se allanaron cinco prostíbulos en Liniers por orden del Juez Sergio Torres. Ninguno de los detenidos, ni siquiera los incomunicados, salieron esposados o precintados de ninguno de los lupanares como se ve claramente en las filmaciones (http://www.youtube.com/watch?v=Q0MiZlgGIiY). Incluso en el caso de la calle Rivadavia fueron subidos a un colectivo de la línea 109 sin ser esposados. Pese a que el comisario Roncaglia aseguró que todos los prostíbulos allanados serían clausurados con consigna, lo cierto es que, a excepción del de la calle General Paz, ninguno de ellos tenía faja de clausura y en ninguno de los cinco había consigna al día siguiente.
A fines de Marzo del 2011en Lanús hubo que volver a allanar prostíbulos que ya habían sido descubiertos en diciembre de 2009 y que, “por un error involuntario”, el municipio volvió a habilitar. El inicio de la causa es siempre igual, no hay ninguna investigación previa de la policía y lo que determina el allanamiento es la acción heroica no de los organismos de “inseguridad” sino de la ciudadanía indignada, cuando no de las denuncias de las propias víctimas.
Página 12 del 27 de marzo de 2011 se sorprende de que en Villa Fiorito, a menos de 100 metros de una comisaría, funcionara un prostíbulo pero la trata de personas y la venta de drogas sólo pueden funcionar mediante una vigilancia estrecha, porque hay que evitar que las víctimas se escapen, hartas de la violación sistemática y pudran el negocio, por eso las rejas, los monitores y las cámaras de vigilancia.
El municipio de Lanús, el Consejo Deliberante y los manipuladores de la caja del “Foro para la niñez”, están paralizados frente a las tareas que les corresponden en la lucha contra los proxenetas, el narcotráfico y la trata de personas adultas y niños. El prostíbulo de 9 de Julio al 1300 está ubicado a dos cuadras de la estación y en la principal arteria comercial del este del distrito. Mientras, el lupanar que está frente a la estación en la calle Joaquín V. González al 2900 sigue funcionando y los locales de explotación de esclavas sexuales en Lanús se ubican a metros de las comisarías 1, 2 y 5 (La Defensa 6/4/2011), o en el emblemático domicilio de la calle Piñeyro Nº 14.
Sólo algún caído del catre puede todavía confundido creer que desde el Estado Nacional, Provincial o Municipal se esté trabajando contra la prostitución, la esclavitud y la trata de personas. No hay ninguna señal del poder polìtico que anticipe una acción de esta naturaleza coordinada contra este negocio miserable y sí en cambio existe una profunda connivencia. A esa altura cae de maduro que los negocios públicos de esclavitud sexual no pueden funcionar sin la concurrencia del poder polìtico y la protección oficial.
Mientras la denuncia de los vecinos contra el negocio de la trata es constante, la inacción del funcionariado corre en paralelo, violentando al más pacífico de los vecinos y señalando que el Estado Nacional es la principal fuente de inseguridad ciudadana.
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